Estado neoliberal mexicano

En el caso de México, el neoliberalismo inicia con la ruptura del modelo prevaleciente por más de tres décadas: el modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta.

Desde la década de los cuarenta, la estrategia de desarrollo en México, se sustentó en la protección del mercado interno, a través de barreras arancelarias y no arancelarias que mantuvieron al aparato productivo virtualmente aislado de la competencia internacional. El Estado, desempeñó un importante papel, al asumir un alto grado de intervencionismo y regulación de la actividad económica.

Al inicio de los 80 el fenómeno que se venía perfilando desde la década anterior cumple su cometido, es decir; el modelo de desarrollo que anteriormente había asegurado el crecimiento económico y la estabilidad política en el México posrevolucionario estaba en crisis (Nava, 2000).

Es en el período presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), cuando tiene su aplicación la estrategia neoliberal; inicia con la venta y privatización de las primeras empresas paraestatales ; desmantelamiento, que abarca el régimen de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y el de Ernesto Zedillo (1994-2000).

Durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal tenía participación en 45 ramas de la economía, para el último año, su participación abarcaba solo 23 ramas. En 1982, tenía el gobierno federal 1155 empresas, en 1988 poseía solamente 412. La desincorporación de estas empresas obedeció a que “no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”, argumento presentado en un documento informativo por el gobierno federal (SHCP, 1988).

En el período salinista el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con mayor claridad los principales postulados de la política económica gubernamental, en ésta etapa; se realizan algunas reformas constitucionales que impactan enormemente en la naturaleza del Estado, tal es el caso de los Artículos 28, 73 y 123  referidos a la reprivatización de la Banca, la reforma electoral, de la ley de culto; y del Artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus parcelas a capitalistas nacionales y extranjeros (tendiente a eliminar los ejidos)  (Vidales, 1996).